Toda empresa, por pequeña que sea su plantilla (incluso de 1 sólo trabajador/a), debe haber negociado y articulado, en cada uno de sus centros de trabajo, su propio protocolo para la prevención y tratamiento de las situaciones de acoso laboral, sexual, por razón de sexo y cualquier forma de discriminación ilícita en el trabajo.

El incumplimiento de dicha obligación se encuentra tipificado como constitutivo de Infracción Muy Grave en los apartados 12, 13 y 13 bis del art. 8 de la ley LISOS.